España |4 marzo, 2020

ventas | Agricultura compra leche a un precio de venta a pérdidas

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) destinó en el 2019 más de 43,5 millones de euros para la compra de lácteos destinados al programa de distribución de alimentos a personas desfavorecidas.

El Ministerio de Agricultura no parece predicar mucho con el ejemplo, al menos en lo que se refiere al sector lácteo. Tanto es así que, mientras por un lado insiste en la necesidad de luchar contra precios de venta a pérdidas e incluso legisla para poner coto a esta práctica prohibida, por otro es la propia administración la que compra leche a precios fuera de mercado.

Sucedió durante el mes de enero cuando el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), dependiente del Ministerio, anunció la resolución de la subasta por la cual adquiría casi 35 millones de litros de leche a la láctea portuguesa Lactogal —dueña de Leche Celta, con sede en Pontedeume— a un precio 46 céntimos el litros. La cantidad está muy por debajo de los 55 céntimos en los que la mayoría de organizaciones profesionales agrarias sitúan el umbral de lo que se entiende por venta a pérdidas. De hecho, en la misma puja hubo ofertas que alcanzaban los 73 céntimos por litro y que, lógicamente, no resultaron ganadoras.

No es la primera vez que se da esta situación —el año pasado el precio de adjudicación fue de 47,9 céntimos ofertado por Lactogal y por la láctea Lactalis— dentro de las adquisiciones lácteas incluidas en el programa operativo de ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas. De hecho, entidades como Unións Agrarias ya protestaron por este asunto señalando la necesidad de que este tipo de procedimientos de compra por subasta recojan alguna cláusula en la que se establezcan que el precio mínimo debe ser, al menos, superior al que Agricultura establece como costes mínimos de producción.

Desde el Ministerio, por su parte, defienden su actuación señalando que estos procedimientos de compra por subasta entre la administración y una industria no pueden compararse, a efectos de lucha contra la venta a pérdida, con los que, en determinadas ocasiones, puede llevar a cabo la distribución rebajando anormalmente el precio al consumidor y que pone en riesgo el equilibrio en el conjunto de la cadena de valor de la leche.

Con las recientes modificaciones realizadas en la Ley de la Cadena Alimentaria, prácticas como las realizadas entre la industria y la administración central estarían castigadas con sanciones económicas que podrían alcanzar el millón de euros.

LAS COMPRAS DEL 2019

El Ministerio de Agricultura adquirió, durante 2019, leche y derivados lácteos por valor de más de 43,5 millones de euros. Un importante desembolso de dinero que se engloba en el programa nacional de distribución de alimentos a las personas más desfavorecidas y que está subvencionado al 85% con fondos procedentes de la Política Agraria Común.

Precisamente es el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) el encargo de adquirir estos alimentos mediante un procedimiento de licitación pública y, al mismo tiempo, de designar a las entidades de distribución y reparto que se encargan de que la ayuda llegue finalmente a sus destinatarios.

La de los lácteos es, con diferencia, la partida más abultada de este programa de ayuda alimentaria en el que también se destinaron 8,5 millones para la compra de tomate frito, 7,7 millones para las conservas, 6 millones para la adquisición de aceite de oliva o 4,4 para el arroz. En total, el FEGA dedicó 96,4 millones para este fin durante el pasado año.

Cantidad sensiblemente inferior a los más de 300 millones que, en el conjunto de la Unión Europea, se destinarán a la compra de mantequilla y leche en polvo entre esta semana y el próximo 30 de septiembre. En este caso, se trata de un mecanismo de intervención pública por el cual las administraciones compran y almacenan estos derivados lácteos con el fin de dar mayor estabilidad al mercado y garantizar unos ingresos mínimos para los ganaderos.

Es probable, sin embargo, que en esta ocasión la UE se quede sin leche ya que los precios establecidos para la intervención —2.460 euros por tonelada para la mantequilla y 1.690 euros para la leche desnatada en polvo— son sensiblemente inferiores a los que registran estos derivados en el mercado libre. De hecho, en la última subasta de Fonterra, la mayor plataforma mundial de venta de derivados lácteos, la mantequilla cotizó por encima de los 3.600 euros y la leche en polvo a más de 2.550 euros.

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