Los bajos precios en el sector lácteo amenazan la viabilidad de un modelo de explotación familiar, viable y clave para muchas zonas despobladas.
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Con la leche al cuello - Foto: RUEDA VILLAVERDE

El sector de la leche en su conjunto atraviesa uno de los periodos más complicados de los últimos tiempos. A los problemas ya históricos de precios por debajo de costes se suman los incrementos de los gastos, derivados fundamentalmente de la fuerte subida de los precios de los piensos y unas mayores exigencias en materia de sostenibilidad y medio ambiente, lo que amenaza la viabilidad de la explotaciones y provoca que siga el goteo de abandonos al no cumplirse lo dispuesto en la Ley de la Cadena. UPA estima las pérdidas de los ganaderos en unos 100 millones de euros y desde todo el sector se denuncia el retraso de la Administración en la aprobación de los datos sobre el valor de los precios en la cadena como paso previo a exigir su cumplimiento. Agricultura tiene pendiente la promesa de un plan para la ordenación del sector que permita la supervivencia de la explotación familiar viable, clave para sostener el territorio, y favorezca el relevo generacional frente a grandes explotaciones a pie de las industrias. En esta coyuntura, el problema ya no es sólo que el ganadero esté percibiendo precios por debajo de costes, algo que sucede hace ya muchos años, sino que nos estemos cargando un modelo de ganadería esencial para el mundo rural por falta de relevo.

Desde la perspectiva de la producción, los 12.000 ganaderos de vacuno que aguantan en la actividad (también en ovino y caprino) sufren el aumento disparado de los costes de producción, entre los que destacan los piensos, con una subida media superior al 15%. Esto supone entre tres y cuatro céntimos más por litro, algo que no se ha estado reflejando en los contratos suscritos en los últimos meses. La situación hace temer que los abandonos, con una media cada año de unos 700 ganaderos de pequeñas y medianas explotaciones, se puedan agravar y que pueda suponer el desmantelamiento de un sistema de producción para sustituirlo por otro más ligado a una actividad industrial.

Los ganaderos denuncian el incumplimiento a plena luz del día de lo dispuesto en la Ley de la Cadena, en la que se contempla que los precios de venta deben ser como mínimo los precios de coste. Por los datos manejados en la Administración, esos costes se situarían entre los 0,31 y los 0,43 euros por litro, con una media de 0,37 euros. Estas cifras sobre costes contrastan con los precios oficiales percibidos en los últimos tiempos por los ganaderos, una media de 0,33 euros litro, más elevados en grupos cooperativos y en muy pocas empresas con compras muy reducidas y seleccionadas. En Galicia, la mayor zona productora, se sitúan solo en el entorno de los 0,30 frente a la media comunitaria, que alcanza los 0,36 euros.

La organización de productores de leche Agaprol, una de las más importantes de España, ubicada en Castilla y León, denuncia que los precios en el campo se estén estableciendo no desde el origen, sino desde el final de la cadena a partir de los precios que quiere fijar la distribución en sus lineales como un producto reclamo. No es una práctica novedosa. En esa dirección, la organización apunta al grupo Mercadona, con una cuota de mercado de casi un 30%, como el principal responsable de esta situación, al fijar precios para la leche líquida básica por debajo de los 0,60 euros. En una guerra como la que existe actualmente entre los grandes grupos de la distribución para arañar cuota de mercado, la leche con precios a la baja se ha vuelto a convertir en una estrategia en las cadenas de la distribución con efectos mortales sobre los precios a pagar por las industrias y que, a la postre, repercuten sobre los precios a los ganaderos. Esas bajadas han vuelto a aparecer en marcas de fabricante, no solo en las marcas de la distribución, con cifras por debajo de los 0,60 euros, incumpliéndose también los pactos tácitos logrados en tiempos de Arias Cañete.

Datos oficiales señalan que más de un 40% de las ventas de leche líquida básica al consumidor se hallan entre los 0,55 y los 0,60 euros litro y que casi un 30% se encuentra entre los 0,70 y los 80 euros litro. En los últimos años se habían dado pasos positivos para dar a la leche su valor real, pero esa línea se ha quebrado como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, volviendo la leche a comandar los precios de oferta que se repercuten hacia atrás en la cadena.

Esta política de ventas en la distribución se tradujo en el último ejercicio en un ligero incremento del consumo de leche líquida hasta superar por primera vez en los últimos años la barrera de los 70 litros por persona y año para situarse en casi 74 litros. Se trata de un dato positivo, pero muy corto para recuperar la demanda de un pasado no muy lejano que llegaba a los 100 litros. Las campañas de la interprofesional para promover una mayor demanda de leche y la decisión del propio Ministerio exigiendo el origen de la leche en el etiquetado de los envases no han dado los resultados previstos o deseables. Unas políticas en positivo que, sin embargo, chocaban con la decisión el pasado año de Agricultura de comprar en Portugal leche para su utilización en los programas de ayuda alimentaria destinada a personas desfavorecidas.

Los ganaderos denuncian en segundo lugar a las industrias, especialmente grupos multinacionales, por su política de congelación de los precios en los contratos, alegando las presiones de la distribución para vender barato, lo que no impide que sus cuentas de resultados muestren importantes beneficios.

Finalmente, el sector señala al Ministerio de Agricultura por haber estado retrasando (previsiblemente se hará público antes de que termine este mes de junio) la elaboración y difusión del estudio sobre los costes de valor en la cadena que se consideran como el punto de partida para aplicar lo dispuesto en el Real Decreto Ley aprobado hace poco más de un año por el que se establecía la obligatoriedad de que los precios en origen fueran como mínimo los costes de producción. Los ganaderos reclaman un mayor control desde la Administración a través de la AICA para que se cumpla lo dispuesto en la Ley de la Cadena.

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