El fiscal Federico Delgado presentó una denuncia para que se investiguen los aumentos de precios de los alimentos.
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24 de Abril de 2017/SANTIAGO Una persona habla por teléfono en un supermercado de la comuna de Las Condes tras el fuerte sismo que se sintió en la Región Metropolitana que tuvo su epicentro en la zona centro sur del país FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

La investigación se inició el pasado 3 abril y para el representante del Ministerio Público los precios aumentaron por causas que no tienen que ver con una lógica económica.
El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia penal para que se investiguen los aumentos de precios de los alimentos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia por la COVID-19. Concretamente pidió que se determine si se cometió el delito de agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1 del Código Penal. La norma de fondo establece que será castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión “el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.
El fiscal federal inició una investigación preliminar sobre estos hechos el 3 de abril pasado. En su denuncia, Delgado dejó en claro que por las limitaciones impuestas por la feria extraordinaria la fiscalía se vio impedida, por ejemplo, de recibir declaraciones testimoniales o de compulsar documentos en soporte papel. No obstante, con el objetivo de establecer si había algún elemento que distorsionaba de manera ilegal los precios solicitó informes a varias dependencias.
La Secretaría de Comercio le informó al fiscal que el 20 de marzo se había dispuesto retrotraer los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal al 6 de marzo de este año. Además indicó que en la página de “Precios Máximos” había un botón de reclamo para que los consumidores denuncien precios abusivos y que a través de ese medio se habían realizado más de 2.500 reclamos. A eso se sumaron los que llegaron a través de las redes sociales, y destacó la Secretaría de Comercio la colaboración que estaban recibiendo de las provincias que también recibía reclamos por subas de precios de alimentos. Asimismo, le informó al fiscal que se estaban realizando fuertes operativos de fiscalización con inspectores de la AFIP, del Ministerio de Medio Ambiente y con las provincias y municipios. Indicó que al 23 de abril se hicieron cerca de 3.500 fiscalizaciones. Indicó que se realizaron muchas inspecciones, incluidas clausuras, en supermercados o negocios mayoristas que son los que proveen a los negocios de proximidad.
Además precisó que hubo una situación muy compleja con los productos frescos, en particular, frutas, verduras y carnes, y que era uno de los sectores que más presión ejercía sobre el incremento de los precios de los alimentos.
En su denuncia Delgado destacó que la actividad de la Secretaría de Comercio constituye un fuerte indicio de las distorsiones del mercado alimentario; y agregó que esa tarea da cuenta de los problemas del Estado Nacional para hacer cumplir sus propias políticas públicas, en este caso, intervenir para fijar precios.
Delgado también le solicitó información a la AFIP, que indicó que venía colaborando con la Secretaría de Comercio desde el 18 de marzo pasado, y precisó que al momento de contestar la requisitoria del fiscal había realizado 2.855 fiscalizaciones en todo el país. Con respecto a la labor de la AFIP, el fiscal Delgado señaló en su denuncia que caben las mismas conclusiones que las referidas a la Secretaría de Comercio. En ese sentido, sostuvo Delgado que “el dato para retener es la imposibilidad de regular algunos precios en medio de una emergencia mundial.”
El fiscal le pidió también al departamento de Ciberdelitos de la Policía Federal que informe si detectó en las redes sociales acciones coordinadas de las llamadas “granjas de trolls” de las que surja la posible existencia de elementos que permitan sospechar conductas compatibles con las tipificadas en el Código Penal para el delito de agiotaje. La División Ciber patrullaje analizó los mensajes que circularon por las redes sociales y no encontró nada. Es así que Delgado le requirió la misma tarea al Ministerio de Seguridad que informó que no se corroboró la sospecha sobre un accionar coordinado a través de las redes sociales para hacer subir los precios.
Los pedidos de informes de Delgado alcanzaron también al Mercado Central y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que tampoco pudieron dar una razón que explique el aumento de los precios de los alimentos.
“No sabemos por qué suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la ley de defensa de la competencia no brindó explicaciones”, afirmó el fiscal Delgado en su denuncia y agregó “cuanto se ha hecho destila importantes indicios que constituyen el punto de partida para una investigación judicial.” Por último destacó “es evidente que los precios aumentaron por causas que, en principio, no tienen que ver con una lógica económica. Por ende, es tiempo de profundizar la pesquisa hacia las acciones humanas.”
En su denuncia el fiscal Federico Delgado solicitó se remitan las actuaciones a la justicia en lo Penal Económica, el fuero especializado en este tipo de delitos.

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