España |13 marzo, 2020

precios | Denuncian que la industria láctea empieza a negociar los contratos y nadie hace nada para evitar los bajos precios

Pasados 15 días del real decreto ley de la Cadena Alimentaria, desde ASAJA Barcelona ven con preocupación que se empiezan a negociar los contractos lácteos y que” no se nos aclare cómo ni quién hará de mediador observador a la hora de hacer los contratos, uno de los factores debe ser el coste de producción objeto del contrato.

Esto es lo que dice la ley, letra C apartado 1 del artículo 9″.

En el mes de marzo las industrias lecheras comienzan a negociar los contratos y marcan los precios para todo el año, “evidentemente siempre por debajo del precio que cuesta producir”, por eso la presidenta de ASAJA Barcelona, Rosa Pruna, se pregunta qué ha hecho el ministro Planas para poder poner en los contratos el precio por encima del coste de producir (entre 36 y 38 céntimos). Pero lo que más indigna al sector lácteo es “ver cómo industrias como Danone hagan publicidad de ser pioneros en Francia que pagan la leche por sobre el coste de producir, y que en este 2020 quiere hacer contratos específicos para cada región con diferentes costes de producción”.

Desde ASAJA se preguntan por qué no lo ha hecho en España, por regiones, en Cataluña dice que recoge a unas 40 explotaciones, pero el precio a 32-33 céntimos”.

Por su parte, Josep Ribas, presidente de la sectorial de la leche, dice que este mes de marzo se firman los contratos y “lo que hay es una ley muy bonita pero que no se cumplirá (será una ley muerta o nula). Como Danone, las otras industrias que ahora harán los contratos con las escasas 400 explotaciones que nos quedan en Cataluña, cansadas de perder dinero y patrimonio, año tras año”.

ASAJA ya denunció ante el tribunal de la competencia en 2011 y logró una sentencia de la CNMC en 2015 que les dio la razón con multa de 80 millones de euros a las industrias y los sectores lácteos de Cataluña y del resto de España están a la espera de conocer la resolución a la nueva denuncia que han interpuesto por las diferencias de precios cobrados durante estos 8 años, pueden llegar a una cifra de 800 millones de euros.

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