En lo que fueron trabajosas reuniones entre las distintas cámaras que representan a la industria láctea, se llegó a un acuerdo para ofrecer al Gobierno y lograr que no se traben exportaciones en momentos en que la tonelada de leche en polvo alcanzó picos de US$4.000.
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Tambo, la base de la industria láctea que cerró un acuerdo con el gobierno para no cerrar las exportaciones.

El pasado 19 se acordó entre el Centro de la Industria Lechera y las entidades de las pymes como Apymel y las que aglutinan a cooperativas, destinar 40 millones de litros de leche cruda, el 4% de la producción nacional, a la canasta de precios esenciales que permanecerán congelados hasta fines de octubre.

Plantearon que eso implique la salida de Precios Máximos de todos los productos y empresas del sector lácteo. También establecer una revisión de precios atado en un 15% a la evolución del gasoil y otro 15% a la pauta salarial, con la opción de ajuste automático trimestral. También, que los precios no sean en planchada de fábrica, si no puesto en cada una de las sucursales o centros logísticos de las cadenas de supermercados y que el sector comercial ofrezca condiciones especiales, comprometiéndose a recibir facturas independientes para aquellos productos que estén alcanzados en Precios Cuidados, y que éstas sean pagadas a los 7 días de emisión sin descuentos ni reintegros.

Otro punto es que aquellas empresas que estén dentro de este nuevo acuerdo de Precios Cuidados accedan a un esquema de “precios cuidados de insumos industriales”, por intermedio de un acuerdo complementario que incluya polietileno, cartón para embalaje y el tetra. Reclaman que se avance más intensamente en la reglamentación de la Ley de Góndolas, “fundamental para garantizar que las pymes puedan entrar a las grandes superficies y que haya más competencia”.

El Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de Vicentin formado por seis instituciones financieras internacionales, IFC (Corporación Financiera Internacional), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole avanza en la justicia y su último paso fue el rechazo al informe presentado por los síndicos del concurso.

A este Comité se sumaron el Banco Nación, la cooperativa ACA y dos sindicatos en representación de los trabajadores. La principal observación es que “la Sindicatura avaló que la empresa lleva su contabilidad en legal forma; mientras que los informes de los auditores forenses realizados en el expediente muestran con contundencia que resulta imposible”. Así señalan que en los últimos informes financieros antes de concursarse remitidos a sus acreedores, en julio de 2019, Vicentin informó la existencia de inventarios (mercadería acumulada) por US$ 714 millones, mientras que, al presentarse en concurso, en febrero de 2020, informó ese mismo rubro en US$ 10 millones. “Del mismo modo, sus créditos por ventas pasaron de US$ 252 millones en julio de 2019 a solo US$ 70 millones al momento de su presentación en convocatoria”. También hacen hincapié en que en el ejercicio de valuación “ni siquiera considera que Vicentin tiene hoy una deuda de US$ 1600 millones. “La Sindicatura concluye en que, en sus actuales condiciones, el patrimonio de la empresa tiene un valor de casi US$ 1300 millones sin considerar semejante pasivo”.

Pese a que reconocen que el humor sobre Argentina en el exterior es muy negativo hay sectores que están atrayendo inversiones, especialmente en biotecnología como Bioceres y empresas de lo que se denominan deep tech o tecnología profunda como las que cobija Cites, la fábrica de start up con su corazón en Sunchales. En el caso de Bioceres están lanzando un bono por US$ 150 millones a cinco años para capital de trabajo enfocado a potenciar el gen HB4 resistente a la sequía y a refinanciar su deuda. El lanzamiento del bono se conocería en semanas y junto al posible anuncio de Brasil de aceptación de HB4 en trigo y de China que lo aceptaría en soja. Bioceres es en la actualidad una de las estrellas de Wall Street. En el caso de Cites se prepara otra inyección de capital de Sancor Seguros. Y hay grupos como el caso de Ledesma en Jujuy que están invirtiendo en la digitalización de los procesos y en drones especiales que les permiten saber el perfil del suelo a 80 centímetros de manera de hacer un uso inteligente del agua en sus 35 mil hectáreas bajo riego.

Los empresarios de esos sectores parecen tener una estrategia a dos puntas. Por un lado a través de cámaras como la Amcham o el Foro de Convergencia lanzan críticas muy duras a la política oficial. Pero mantienen como interlocutores a los ministros Guzmán, Kulfas, Gustavo Béliz y Sergio Massa que les sugieren que “no tiren cascotes” y que los ayuden en su rol de evangelizadores ante los sectores más duros de la coalición oficialista. Mucho de esto se debatirá en el Coloquio de Idea que se realizará ne octubre mitad presencial y mitad virtual.

Este 30 de abril vence la concesión en el tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Y lo más probable es una prórroga mientras avanza la licitación. Por cierto la hidrovía ha despertado a varios grupos ambientalistas como la Fundación Humedales / Wetlands International con mucho eco en organismos como el BID o el Banco Mundial. Insisten en que realice una evaluación ambiental estratégica que permita “analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”. Por el tramo argentino, se traslada cerca del 70% de las exportaciones del país. La Hidrovía para permitir el paso de grandes barcos draga el fondo para que tenga más profundidad y ensancha los pasos más angostos. “Estas acciones vienen impactando la integridad ecológica de los Humedales del río Paraná. Transporta las materias primas que se producen gracias a los bienes y servicios que brindan los humedales”, sostienen.

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