La industria de la alimentación tiene un nuevo dolor de cabeza en la Argentina. Detrás de la consigna "comer sano", algo que nadie puede estar en desacuerdo, se suman una catarata de interrogantes y un serio problema que, si se el proyecto de "Etiquetado Frontal" se convierte en ley, como mínimo tendrá para las empresas del sector un impacto económico innegable.
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En los últimos días organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para pedir que se convoque a sesión para sancionar antes de que pierda el dictamen el próximo 30 de noviembre, el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos que ya aprobó el Senado y que cuenta con dictamen favorable en varias comisiones de Diputados. El estado parlamentario, por su parte, tiene vigencia hasta diciembre de 2022.

“No hay motivos válidos para retrasar más la aprobación de la ley. El proyecto cuenta con amplio apoyo de la sociedad civil y académica, tanto de Argentina como de la región; con el respaldo de la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés y con el aval de la Cámara de Senadores. Es hora de que los y las diputados/as pongan fecha para sesionar y aprueben el proyecto sin más demoras”, señaló y reprodujo la agencia Télam, Victoria Tiscornia, investigadora de Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

Además de FIC Argentina, las cartas fueron firmadas por Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo, “quienes comparten la preocupación sobre la demora en el tratamiento de la ley”, según indicaron en un comunicado.

En las empresas aseguran que si el proyecto se convierte en ley, el 80% de los alimentos exhibidos en las góndolas del país, van a tener una etiqueta negra que, en todos los casos, no solo sirve para advertir, sino que también funciona como un freno a la compra.

En el caso de la leche, por ejemplo, el Centro de la Industria Lechera (CIL), asociación que representa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, envió notas a los presidentes de bloque y de las comisiones de la Cámara de Diputados en las que planteó que el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos que actualmente está en el Congreso obligará a que el “70% de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas” y que el mismo “generará asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos en el Mercosur al impactar negativamente en las exportaciones de productos lácteos de la Argentina”.

Lo que resulta interesante, más allá del debate, es que en estos días en Buenos Aires aparecieron afiches a favor del proyecto que está en el Congreso. La FIC, que impulsa la acción, recibe entre otras, financiamiento de fundaciones y organizaciones de origen estadounidense, como Bloomberg. Lo que llama la atención es que Estados Unidos no es un país que precisamente se destaca por la buena alimentación de su población.

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