UU.AA. ve en su dictamen sobre la norma que regulará la organizaciones de productores otro palo en la rueda del sector.
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ANGEL MANSO

No llega en buen momento, pero este viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe del proyecto de real decreto sobre la futura norma que afectará a las organizaciones de productores (OP) y sus asociaciones (AOP) en sectores como el vacuno de carne, el ovino-caprino y que también modifica la norma que regula las relaciones contractuales en el sector lácteo. Y sus recomendaciones no han caído muy bien en el sector ganadero porque, en un momento en el que los productores lácteos están en plena lucha para que los precios que reciben por su materia prima cubran sus costes de producción (incrementados por la subida de la factura eléctrica, el gasóleo o los cereales), el ente encargado de la Competencia recomienda aplicar el principi general de libre autonomía de las partes en las condiciones de contratación en el sector lácteo. Además, entiende que cualquier regulación dirigida a limitar esa libertad «debería de justificarse». De ahí se desprende que no es muy favorable a cualquier intervención excepcional en el precio porque, como explica, hay que «adoptar cautelas» para que las declaraciones obligatorias de información que deben de realizar tanto los productores como los fabricantes «no incrementen el riesgo de conductas colusorias (prácticas prohibidas)».

El informe realizado por Competencia recuerda que el derecho agroalimentario de la UE establece algunas excepciones a la aplicación de las normas de competencia en determinados tipos de acuerdos como sería el propio reconocimiento de las OP o las AOP para poder aplicar esas exenciones. Con todo, añade, estas deben de aplicarse de modo restrictivo porque la política agraria común (PAC) tiene como objetivos mantener la competencia efectiva, de modo que tanto los consumidores como los productores salgan beneficiados de los efectos económicos de la competencia en el sector agroalimentario. De ahí, que la entidad entiende que determinadas actuaciones que puedan llevar a cabo esas organizaciones de productores —por ejemplo, la producción y venta de productos agrícolas o el uso de instalaciones comunes pueden «presentar riesgos para la competencia». En este sentido, advierte de que este tipo de instrumentos de cooperación pueden generar un efecto anticompetitivo y, además, suponer una excensiva concentración de la oferta.

El dictamen ha caído como un jarro de agua fría entre las organizaciones agrarias. Fuentes de Unións Agrarias dicen no entender por qué una vez más este organismo va en contra de los ganaderos, «cuando en realidad lo que debería vigilar es el comportamiento de la industria». Y lamentan que la entidad no mire más el ejemplo de su homólogo francés.

Desde la organización agraria llevan tiempo denunciando que los precios que reciben los ganaderos lácteos por sus productos no cubren unos costes de producción que han subido un 8,5 % entre enero y abril de este año. Eso supone, según los cálculos de Unións Agrarias, una caída de cuatro céntimos por litro en el márgen de los ganaderos y, por tanto, las tarifas que están recibiendo de la industria no cubren en muchos casos los costes de producción, tal y como marca la Ley de la Cadena.

Unas subidas de precio que no convencen

Aunque valoran el gesto de empresas como Pascual o Naturleite, que hace unos días anunciaron subidas del precio abonado a los ganaderos, a su juicio esas propuestas no son suficientes. La primera había propuesto una subida de un céntimo para aplicar en el último cuatrimestre del año. La segunda, dos céntimos por litro entre agosto y abril.

Al mismo tiempo la cooperativa CLUN recordó en un comunicado remitido este viernes que había subido un céntimo el precio del litro de leche que paga a sus ganaderos, un incremento que ha comenzado a aplicar desde el 1 de julio y que se suma a una serie de medidas implantadas en la cooperativa para compensar la subida de costes de la materia prima.

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