España |7 enero, 2020

Lácteos | La fábrica Derivados Lácteos suspende la actividad tras las quejas por los vertidos

La empresa tiene varios expedientes abiertos que le obligan a adecuar las instalaciones a la legalidad y está pendiente de una última inspección.

La empresa Derivados Lácteos de Villaviciosa ha parado su actividad tras las numerosas reivindicaciones por parte del Principado y el Ayuntamiento para que adaptase las instalaciones, ubicadas en la calle José Ballina Fernández, a la legalidad y acabar así con los vertidos, las emisiones y los ruidos denunciados por los vecinos y la Coordinadora Ecologista a principios del pasado año. La fábrica lleva ya varios meses en esta situación, aunque sigue pendiente de una última inspección por parte de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

A principios de noviembre y al no haber presentado la empresa la documentación acreditativa sobre la ejecución de las obras, el alcalde, Alejandro Vega, solicitó al Principado que se llevasen a cabo las actuaciones correspondientes para ver si se había producido alguna mejora. «La empresa ha informado del cese de su actividad pero, en función de las inspecciones y de su resultado, se le impondrán unas medidas y otras, que pueden ir desde una multa hasta la retirada definitiva de la licencia», explicó el regidor en la última sesión plenaria. Aunque, apuntó, al no haber actividad se complican las comprobaciones. «En todo caso, creo que queda constatado que no cumplió con lo exigido», añadió el regidor.

Los vecinos, afectados por los malos olores, los vertidos y los ruidos constantes provenientes de la fábrica decidieron manifestarse el pasado febrero para exigir a las administraciones una solución a una situación que venía repitiéndose desde hacía tiempo atrás.

Ese mes, la Consejería de Infraestructuras llevó a cabo una inspección en la que se comprobó, entre otros aspectos, que se producían pérdidas de leche en el proceso productivo, las cuales eran vertidas a la red de saneamiento.

Un mes de plazo
Ante las numerosas deficiencias, desde el Principado se concedió a la empresa un plazo de un mes para ejecutar las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones a la legalidad vigente. Pasado ese periodo, el Ayuntamiento se lo amplió en tres meses más con el fin de que pudiese subsanar las infracciones detectadas en las diversas inspecciones.

La empresa debía, entre otros requisitos, instalar un sistema de tratamiento del caudal, presentar una nueva memoria relativa a los vertidos de la instalación y, a través de un laboratorio de acústica acreditado, hacer un estudio de ruido. Medidas que parece no haber ejecutado, a pesar de las numerosas exigencias por parte de las administraciones. Aún así, el cese de su actividad de manera voluntaria parece poner fin a un problema que los vecinos venían denunciando desde hace meses.

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