La fiscalía se prepara para llevar ante un juez federal el caso por posible lavado de dinero derivado de la colocación de bonos bursátiles por 950 mdp. René Gavira Segreste, quien trabajó en Segalmex y Liconsa, es el principal exfuncionario en la mira.
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Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces.

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

Aunque Gavira es el principal imputado, la fiscalía apunta a más cómplices del delito dentro y fuera de Segalmex, desde funcionarios hasta socios de empresas. Además, durante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.

Este caso derivó de la denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa del 16 de abril de 2021, más otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y ha conseguido pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública, confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.

La fiscalía también sigue investigando la veintena de denuncias presentadas por la ASF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de recursos de Liconsa, que fueron pagados a empresas sin que estas entregaran los bienes contratados.

Los pagos que están bajo investigación se justificaron mediante convenios o contratos de coproducción y venta de leche y productos lácteos, los cuales fueron asignados por Gavira.

Con información de la ASF, la FGR detectó que los contratos fueron adjudicados de manera directa con múltiples irregularidades, por ejemplo, que el objeto social de algunas empresas estaba relacionado con los bienes raíces o el desarrollo de software, o bien, que carecían de infraestructura y subcontrataron a otras compañías.

Acusado señala al director Ovalle

En la revisión de la Cuenta Pública de 2020, la ASF documentó que Gavira, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, efectuó entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos del presupuesto de esas instituciones por un monto de 950 millones de pesos y, además, “extravió” rendimientos por un monto de 10.6 millones.

Del total de las inversiones de capital autorizadas por el exdirector, 850 millones de pesos provinieron del gasto de Liconsa y otros 100 millones del presupuesto de Segalmex, lo que violó los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues ambas instituciones perdieron el control directo sobre el dinero invertido, según estableció la ASF en las auditorías de cumplimiento 330-DE y 327-DE, efectuadas a Liconsa y Segalmex como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

El 20 de julio de 2018, se firmó un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El 11 de febrero de 2020, se firmó un contrato semejante para Segalmex.

El pago de las inversiones de Liconsa se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito el 27 de julio entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente. Dicha Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) también es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.

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