Argentina |23 enero, 2019

Lecheria | La ignorada ley de lechería

La semana pasada sorprendió al ambiente lechero la aprobación de un régimen de fomento, promoción y desarrollo de la producción láctea de la Provincia de Santa Fe. La pregunta que se hace el sector es si es viable, y a quién le sirve.

Es difícil hacer un análisis de una ley que se aprobó sin que se publicitara, y se publicó de manera sorpresiva en el Boletín Oficial de la provincia cuando la mayoría de los actores del sector lo desconocían.

Sólo aquellos que pregonaban esta legislación estaban al tanto de qué iba a salir de la legislatura.

Por lo tanto me animo a tratar de analizar las sensaciones que deja esta nueva ley que la hacen impracticable.

Lo primero que hay que decir es que esta normativa sólo afectará a las industrias que quieran estar exentas de Ingresos Brutos, y para eso deberían cumplir una lista importantes de requisitos, entre los que se destacan los siguientes:

– Que todas las compras de materia prima hayan sido realizadas en el marco de acuerdos lácteos formalizados.

– Que en los mismos se hayan acatado las cláusulas y condiciones propuestas por la Mesa de Concertación y Determinación del Precio de Referencia de Leche.

– Que en todos los casos y por todas las operaciones concertadas se haya pagado un precio al productor igual o superior al precio mínimo de referencia establecido por la Mesa de Concertación y Determinación del Precio de Referencia de Leche.

La Mesa de la polémica

Esa Mesa de Concertación y Determinación del Precio de Referencia se encargará de establecer las condiciones, plazos y procedimiento de pago, rangos y magnitudes de bonificaciones y castigos, modalidad de recogida o suministro, protocolo de muestreo, métodos de arbitraje y resolución de conflictos.

Además, como si fuera poco, establecerá mensualmente precios de referencia mínimos y máximos de la materia prima, en función a los estándares de composición definidos, la información suministrada por productores e industrias, y las condiciones de mercado esperables.

Este es el eje que conspira contra la viabilidad de esta ley, contratos formalizados, con precio que establecerá una Comisión que integrarán más políticos (7) que productores (3) e industriales (3).

Pero la normativa es más amplia, habilita un fondo para otorgar créditos, un Registro Provincial del Sector Lácteo (ReProSeL) y la misión de fomentar la actividad del sector.

La duda que está presente en diversos actores, es si esto no es una prueba piloto para regular de manera obligatoria la actividad láctea, imponiendo las condiciones a los actores del sector.

Damián Morais

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