Una jueza mercantil de Granada estaba a la espera de la resolución de la multa del supervisor de competencia para dictar sentencia sobre una concertación de precios que puede acabar en una sonada multa para algunas industrias lácteas.
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La multa al cártel lácteo publicada por la CNMC el pasado viernes por la tarde es el penúltimo capítulo de su batalla contra las industrias de la leche, marcas por todos conocidas como Central Lechera Asturiana, Calidad Pascual, Puleva o el proveedor lácteo de Mercadona. El recálculo de la sanción que ha realizado el organismo supervisor llevaba esperándose meses después de que la Audiencia Nacional mandara todo el procedimiento sancionador a la casilla de salida al apreciar errores en el cálculo. Pero los más de 80 millones que establece el organismo de José María Marín Quemada para once industrias lácteas tienen ahora la solvencia jurídica de la que anteriormente carecían y el procedimiento está más próximo a su resolución definitiva.

La aclaración de la metodología de la multa tendrá de hecho una consecuencia inmediata: uno de los juicios que las industrias están enfrentando, que se está celebrando en el juzgado mercantil número 1 de Granada y en el que se reclaman 16 millones de euros a varias de las grandes industrias lácteas españolas, acelerará su conclusión dado que la jueza estaba esperando a que se aclarara la resolución de la CNMC, empantanada en asuntos de forma, para establecer su sentencia definitiva sobre el caso.

En este juicio en la ciudad nazarí se enfrentan Puleva, Schreiber (proveedor de Mercadona), Celega y Central Lechera Asturiana con la Cooperativa San Antón de Peralta (Navarra), el SAT (Sociedad Agraria de Transformación) cuya denuncia en 2012 arrancó el procedimiento de investigación de CNMC que acabó en multas millonarias a once sociedades lácteas por una cuantía superior a 80 millones de euros.

16,7 millones

Las grandes industrias se enfrentan a una indemnización conjunta de 16,7 millones de euros que la ganadera les reclama por haber pactado supuestamente durante años pagarles la leche por debajo del precio que tenía en el mercado. Los afectados denuncian que hubo acuerdos entre las compañías para pagar menos abusando de su posición de dominio y reclaman unas indemnizaciones cuantiosas por esta práctica no permitida: 8,6 millones de euros a Puleva, 2, 3 millones a Capsa (Central Lechera Asturiana), otros 3 millones a la cooperativa gallega Celega y finalmente 260.000 euros a Senoble (ahora Schreiber, proveedor de Mercadona), que debería hacerse cargo de la deuda de la cooperativa gallega si esta no pudiera pagarla.

Estas cifras salen de calcular el dinero que los ganaderos dejaron de ganar durante los 6 años que supuestamente duró el acuerdo anticompetitivo, en los cuales aseguran que perdieron 14,6 millones de euros, a los que habría que aplicar el interés legal hasta llegar a los citados 16,7 millones.

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