Argentina |3 mayo, 2021

campo | “Los gobernadores no pueden cruzarse de brazos frente a las patoteadas contra el campo”

Carlos Segón, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, conversó con El Tribuno.

¿Con qué perspectiva asume la presidencia de la Rural?

Con muy fuertes perspectivas, consciente de que nos espera un trabajo fuerte. La Rural salteña se caracteriza porque los cambios de autoridades nunca se traducen en rupturas bruscas. Hay actividades gremiales y técnicas, que se trabajan a largo plazo. Entre las técnicas, es vital el trabajo para garantizar la captura de carbono en las pasturas, que es un tema profundo y que va a demandar un esfuerzo sostenido.

¿Y las gremiales?

Son un aspecto clave. Y el momento es muy difícil porque tenemos un gobierno que nos cambia constantemente las reglas de juego. Todo es imprevisibilidad. En este momento está en el aire la ley de biocombustibles que vence el 12 de mayo. Probablemente la prorroguen dos meses por DNU, pero incluso ya hay un proyecto nuevo, que deja demasiado margen de discrecionalidad y, por supuesto, de arbitrariedad y de corrupción. En estos días se agrega la necesidad de pedir permiso para exportar; la Resolución Conjunta 3/2021 de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura establece que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración previa, incluso de las que no tienen consumo local. Esto es una avanzada más contra el sector . ¡Cómo si al país le sobraran los dólares! Es lo que antes se llamaba ROE, ese invento que solo tuvo efectos contraproducentes en los tiempos de Guillermo Moreno. Y, sobre llovido, mojado: ahora la Secretaría de Comercio Interior prohibió que se le venda hacienda al frigorífico COTO que compra el 10% de la hacienda de Liniers.

¿Con qué autoridad y con qué criterio?

Es la vuelta a la patota. No hay ninguna razón seria, salvo las amenazas de la señora Paula Español. Ellos piensan que la inflación se debe a los precios internacionales …aunque no parezca creíble. Ningún país exportador de carne, Brasil, Uruguay, Paraguay tiene inflación, salvo Argentina. Por eso nunca resuelven el problema de la inflación y prefieren buscar culpables. Meten la basura bajo la alfombra.

Se repite el modelo que aplicó Kicillof cuando era ministro.

Y no tienen en cuenta que el 29% del costo de la carne, el componente más alto, son los impuestos. Y que el gas subió ayer el 30%, que también incide en el costo. El hecho de que el peso valga cada vez menos es lo que aumenta el costo de “la mesa de los argentinos”. Y hay otro error conceptual: el 75% de nuestras exportaciones de carne van a China, un mercado que consume cortes que en la Argentina no tienen demasiada demanda, más bien destinados a picadillo. Es tanta la improvisación, que apenas anuncian estas medidas, aumenta el precio del consumo interno. La amenaza de cierre de exportaciones no solo es un contrasentido, sino que automáticamente afectan las operaciones, porque, ante la duda, los compradores de China van a otros países, donde no hay de estas sorpresas.

¿Cuál fue el balance de las políticas restrictivas aplicadas a la exportación de carnes y lácteos a partir de 2006?

Se perdieron 10 millones de cabezas y cerraron 57 plantas frigoríficas que empleaban 27 mil personas. De eso no se volvió. La ganadería argentina, por calidad genética y tradición de manejo es una fortaleza que está siendo erosionada. En los años 30, el stock ganadero era de tres cabezas por habitante; hoy, apenas una. En términos comparativos, se redujo a la tercera parte. Al mismo tiempo, en cuarenta años, Brasil triplicó sus rebaños.

¿Cómo funciona el sistema de costos en la ganadería?

Nada funciona bien a los ponchazos. Los feedlot trabajaron un año perdiendo cinco mil pesos por novillo, por el congelamiento de precios. Ahora, cuando explota la inflación, en lugar de mirar las verdaderas causas y apuntar, por ejemplo, a YPF, que es estatal, vuelven contra el campo. El precio de la carne al mostrador se compone así: criar el ternero representa el 24,7%; el feedlot, el 26,6%, el frigorífico el 7,3%, la carnicería el 12,9% y los impuestos el 28,9%. Es decir, si el kilo de asado cuesta $800, la AFIP se queda con $231.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Es una patoteada que va a traer consecuencias. La actividad económica necesita previsibilidad. En nuestro país, desde hace dos décadas, la economía va a la deriva, pero ahora con la pandemia cuando las autoridades debieran transmitir serenidad y ganar confianza, las amenazas, las patoteadas, los exabruptos y la improvisación solo sirven para generar conflictos. Y conflictos que, en circunstancias inestables, son más difíciles de controlar. Eso afecta al sector agroindustrial, que es en este momento un eslabón clave en la cadena para mantener el abastecimiento y la actividad.

¿Son manotazos de ahogado?

No quieren reconocer la ineficiencia de sus políticas económicas; buscan a quien echarle la culpa, y se la agarran con el sector productivo, cuando la causa de los problemas es la destrucción del poder adquisitivo del peso.

¿Tienen apoyo de los gobiernos provinciales?

Por ahora, miran para un costado. Pero estos problemas tienen un impacto real en la economía de las provincias. Los legisladores nacionales y los gobiernos provinciales se van a tener que reunir, en nuestro caso, en el Norte Grande, para fijar posición ante el poder nacional: no pueden permitir que se caigan las producciones regionales, porque van a tener que subvencionar cada vez más gente, con menos ingresos. Porque la desinversión afecta a carnes, lácteos, biocombustibles y hasta quieren aumentar las retenciones.

¿Ustedes esperan una tormenta perfecta?

Lamentablemente, sí. Y en el campo decimos que cuando se avizora una tormenta hay que desensillar hasta que aclare. Y eso significa dejar de invertir. Significa, caída de la actividad y de la producción.

¿Hay estrategias que busquen desarrollo sustentable para nuestro campo?

Ahí sí que esperamos una tormenta perfecta. Un tsunami. El presidente Fernández en la conferencia por el Cambio Climático dijo que va presentar una nueva ley de presupuestos mínimos de Bosques. No conocemos su contenido aún. Y no es menor que el ministro Juan Cabandié dijo en Salta que “no se debe cortar ni un árbol más” y que lo que está en amarillo o verde, se debe pintar de rojo. Se terminaría la actividad económica en los bosques. Hablan con total desconocimiento, no solo de lo que es un bosque, sino de la calidad de vida de la gente que vive en ellos. Es muy fácil hablar de conservación, pero conservar cuesta plata. El Estado nacional no ha cumplido el pago del fondo previsto en la actual ley de bosques. La Sociedad Rural de Salta ha propuesto un plan para la provincia: destinar un 50% a la actividad económica y un 50% al mantenimiento del bosque, a cargo de los productores. Por ahora, esperamos. Ni la Nación ni la provincia han realizado un proyecto racional de conservación del bosque.

Ni la FAO ni el Acuerdo de París están de acuerdo con el “no se toque un árbol” ni con la eliminación de la actividad económica en áreas de bosques degradados.

Es que esos cargos deben estar ocupados por personas con conocimiento técnico. La cuestión productiva y la ambiental son ambas concomitantes y esenciales para la calidad de vida. No cabe en esto el amateurismo. Están en juego el ambiente, la producción y, en primer lugar, la gente. Con la Rural, y esto también lo contempla la FAO, estamos trabajando en pasturas con capacidad de captura de carbono. Las demás actividades reducen la emisión de carbono con efecto invernadero. La pastura es la única que “secuestra” esos gases. Y en esto, las áreas de ambiente y agricultura tenemos que demostrar ese balance positivo de las pasturas para evitar que se utilicen estas cuestiones como barrera pararancelaria en perjuicio de los intereses del país. Son gestiones que deberían hacerse desde los gobiernos provinciales del Norte Grande, especialmente, Salta, Santiago, Formosa y Chaco.

Algunos productores proponen ofrecer a las familias rurales la posibilidad de criar terneros para los feedlots, con apoyo financiero y sanitario. ¿Es viable?

Por supuesto. La Rural está gestionando la creación de un monotributo especial para esos pequeños productores que facilite la operación. Solucionar el problema fiscal depende de la decisión política. La situación actual los obliga a la venta en negro. Y hay que resolverles problemas el dominio sobre la tierra en que viven desde hace generaciones. Estamos hablando de problemas sociales, económicos y productivos de la provincias. Y la provincia no puede desentenderse.

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