La nueva crisis que conmueve al mercado es parte de la saga que incluye a gigantes como SanCor, Mastellone y Vicentin. ¿Culpa de las empresas o del Estado?
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¿Cómo puede ser que pase algo así en Argentina?: es la pregunta que más se escuchó ayer tras conocerse la noticia de que Molino Cañuelas, uno de los gigantes del sector harinero y fabricación de alimentos, entró en convocatoria de acreedores al no poder hacer frente a una deuda de u$s1.400 millones.

Y esa pregunta, planteada con insistencia por empresarios, políticos, economistas y opinadores vocacionales en las redes sociales, no hacía referencia tanto a cómo una empresa pueda llegar a tener problemas de caja, sino cómo es posible que en el “granero del mundo” se haya hecho costumbre que las compañías productoras de alimentos entren en crisis y que los productores se quejen de que no tienen rentabilidad para trabajar.

Ahora, a diferencia de otros momentos de grandes crisis empresariales -como el default privado masivo del año 2002, por ejemplo-, los problemas más notorios no se encuentran en el sector de servicios sino en el sector considerado unánimemente como núcleo de la economía argentina y su principal fuente de ingreso de divisas.

La crisis de Molino Cañuelas trajo inmediatamente a la memoria otros casos emblemáticos, como el de Vicentin, el de las gigantes lácteas Sancor y Mastellone, así como los inéditos balances en rojo que hace dos años presentó Molinos.

Es decir, todas empresas ligadas a la producción de alimentos, en un país que se jacta de poder darle de comer a 400 millones de personas. Esa frase suele escucharse en las campañas electorales: todos los dirigentes políticos hablan del potencial de la producción alimenticia argentina como una marca distintiva del país, una bendición que llevará al ansiado crecimiento económico.

También los funcionarios argentinos que participan en los foros internacionales sobre alimentación suelen destacar el rol protagónico que le tocará a Argentina a la hora de pensar en soluciones para darle de comer al mundo. Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el ministro Luis Basterra, en la cumbre alimentaria de la ONU en Roma, volvió a referirse al potencial del país para ayudar a resolver el problema.

Aceitunas, dulce de leche y la asfixia estatal

En realidad, las dificultades de las empresas argentinas de alimentos no son un problema tan nuevo. Periódicamente se producen crisis de economías regionales, muchas veces vinculadas a situaciones de retraso cambiario que tornan imposible la competencia internacional para la producción local. Ocurrió a lo largo de la última década con los cultivos de aceitunas, por ejemplo: su caso emblemático fue el temporario cierre de Nucete en 2012, financieramente estrangulada por complicaciones en la exportación.

También por esa época comenzaron a hacerse comunes las manifestaciones en las que se regalaba fruta en plaza de mayo. Y la opinión pública se conmovía al ver cómo en provincias productoras de manzanas se dejaba pudrir el fruto, porque resultaba más caro el costo de recoger las manzanas que lo que se obtenía por su venta.

Uno de los que intentó responder a la pregunta de cómo se puede fundir en la Argentina una productora de alimentos fue Javier González Fraga, fundador de la marca de dulce de leche La Salamandra, que cerró en 2014 -ya en manos del grupo de Cristóbal López-.

En ese momento, González Fraga apuntó directamente a la interferencia estatal como el gran culpable de la situación.

“La Argentina de 50 o 70 años atrás vio crecer fortunas de la mano de los fundadores de Havanna, de Arcor, de Mastellone, de Molinos, de Terrabussi y de tantos otros nombres ligados a las actividades agroindustriales que combinaban las materias primas que proveía nuestra tierra con las técnicas y el espíritu emprendedor de esos inmigrantes”, recordaba el economista, para marcar el contraste con los nuevos tiempos en el que las fortunas “están asociadas a la especulación financiera, a la soja, a las actividades reguladas, como la minería, el petróleo, los servicios públicos privatizados o el juego. O directamente a los proveedores del Estado”.

Su argumento era que los problemas sufridos por sectores tan diversos como los productos lácteos, las bodegas, las aceiteras, yerbateras y frigoríficos se podían resumir en cinco puntos:

Incidencia del retraso cambiario que restaba competitividad exportadora.
Alta presión tributaria, que duplica la que pesa sobre el mismo sector en Europa.
Rigidez sindical, que impone esquemas que encarecen los costos.
Exceso de regulaciones, que implica requisitos no exigidos en otros países productores.
Castigo a los productores, mediante controles de precios y retenciones a la exportación.

Modelos agotados

Casi una década después de aquellos casos, se vuelve a comprobar cómo en la Argentina los debates son cíclicos y recurrentes. En este mismo momento los productores de carne alegan caídas de rentabilidad por el cierre exportador, acusan al Gobierno de provocar pérdidas de exportaciones por u$s1.000 millones, alertan por el riesgo de miles de empleos en frigoríficos y hasta advierten que sobre fin de año podrá haber escasez de carne en las góndolas.

Y lo que, además, se vuelve a comprobar, es que no hay prácticamente ningún tema que pueda escapar a la lógica de la “grieta”. Volviendo a Molino Cañuelas, ya se está notando una “guerra de relatos” en la que los partidarios del Gobierno destacan que la empresa entró en crisis a partir de la devaluación de 2018, que frustró sus planes de salida al mercado bursátil, al tiempo que los macristas alegan la política intervencionista del peronismo como la culpable de la crisis.

Lo cierto es que los problemas de las alimenticias no saben de colores partidarios: las empresas han tenido problemas en todos los períodos. Los expertos no minimizan la incidencia de las políticas gubernamentales pero también apuntan a cuestiones estructurales que se arrastran desde hace años.

Así, en el caso de las lácteas, como Sancor y Mastellone, que vivieron momentos de zozobra, el argumento que se escuchaba era el de la baja productividad y retraso tecnológico en comparación con los líderes mundiales del sector, como Nueva Zelanda. Para ponerlo en números, en el peor momento de la crisis láctea, las empresas argentinas contaban con el triple de empleados de las neozelandesas, pero su producción era menos de la mitad de litros de leche.

No es de extrañar que lo que se esté viendo en estos días sea un proceso de achique y concentración del mercado. Sancor, que en 2017 tenía 5.000 empleados, tiene ahora un tercio de ese número, aunque eso no necesariamente implica una mejora en la productividad, porque su volumen también decreció: es un 10% respecto de su momento de mayor actividad.

En tanto, el bajo volumen pagado a los productores lecheros -un problema agravado por los controles de precios- hace que la cantidad de tambos se reduzca a una tasa acelerada, al punto que los expertos hablen de riesgo de cierre para los 10.000 tambos que quedan -un tercio de los que se contaban hace tres décadas-.

Gigantes con balances en rojo

Pero, como demostración de que los problemas no afectan únicamente a los jugadores pequeños sino que también pueden afectar a los gigantes, que cuentan con la protección de economías de escala, marcas reconocidas en el mercado y acceso privilegiado al crédito, basta recordar los balances de los últimos años.

Molinos, la firmas que surgió en el grupo Bunge & Born y pasó luego a manos de Perez Companc, causó un impacto político al presentar en 2017 un balance con un rojo de 1.580 millones de pesos, equivalentes en ese momento a u$s18 millones. Y, lejos de tratarse de un accidente, el rojo se multiplicó por dos veces y media al año siguiente, dejando en claro que el modelo económico macrista tenía serios problemas estructurales: la empresa alegaba que el principal motivo de sus déficits era la retracción de las compras en el mercado interno.

También en esa época hubo números negativos para la azucarera Ledesma, que alegó haber sufrido las consecuencias de la devaluación del peso. En tanto, otro gigante de la alimentación nacional, Arcor, no llegó a tener números en rojo en el balance global, pero sí registró déficit en el rubro de alimentos en 2018, como consecuencia de la recesión en el mercado interno.

Lo irónico de la situación es que estas firmas finalmente pudieron volver a números positivos en el pandémico 2020. Pero en el Gobierno, lejos de celebrar la noticia como un síntoma de recuperación, vieron motivos de sospecha en el hecho de que se presentaran ganancias en un entorno recesivo.

Las empresas dijeron que el punto de inflexión para abandonar los números en rojo se basó en una dura política de recorte de gastos, una búsqueda en la mejora de la eficiencia y una disminución a la exposición de la deuda.

Sin embargo, desde el kirchnerismo se tomaron esos balances como argumento para justificar medidas intervencionistas, un mayor control de precios y, directamente, acusaciones de estar fogoneando la inflación como forma de recomponer sus márgenes.

Grandes planes, poco crédito

Entonces, ¿de quién es la culpa de lo que le pasa ahora a Molino Cañuelas? Como en la mayoría de los casos, los expertos del mercado hablan de una mezcla de errores empresariales y de problemas causados por la coyuntura nacional.

La familia Navilli empezó un proceso de reorganización del grupo, al adquirir una serie de empresas, algunas de ellas también ligadas a sus accionistas. Fue así que se embarcó en un raid de compras que incluyó, por ejemplo, a Trigalia, del grupo Cargill.

Muchos en el mercado veían con buenos ojos ese proceso de consolidación, porque los márgenes del trigo obligaban a un mayor volumen. Llegó así a una capacidad de producción harinera por un 20% del mercado. Pero una cosa llevó a la otra, y entonces para poder darle salida a la molienda de 3,12 millones de toneladas se invirtió en otros negocios, como pizzas y masas.

El proceso de compras de empresas llevó a balances en rojo y un patrimonio negativo por unos u$s40 millones en 2017. El plan era recomponer la caja mediante una salida a la bolsa, con la cual se esperaba obtener una ampliación del capital por u$s140 millones. Pero el “timing” no ayudó: la devaluación argentina, en medio de un cambio de dirección en el flujo de capitales a nivel mundial, dejó truncos esos planes.

Fue así que la empresa empezó a acumular una deuda que se empezó a negociar hace tres años. ¿Mala suerte, mal management o una combinación de ambas? Es lo que se debate en este momento, sin dejar de lado las clásicas acusaciones de vaciamiento y desvío de fondos hacia el exterior.

A esta altura, resultaron inevitables también las comparaciones con Vicentin, que el año pasado dividió al país por las acusaciones de corrupción y el intento fallido de estatización. Pero también hay diferencias importantes. Lo cierto es que la crisis de Molino Cañuelas, en principio, parece menos grave: la empresa sigue operando y no llegó a la instancia de un default. Más relevante aun, sus acreedores no son una constelación de pequeños productores sino un grupo de grandes bancos.

En todo caso, esta nueva crisis vuelve a poner una nota de alarma para un país que empieza a darse un baño de realismo: el “granero del mundo” no deja de ver cómo quienes se dedican a producir alimentos caen en crisis.

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