El envío de 52 terneras hembras y dos toretes desde Guamo a La Guajira, terminó en toda una ‘pesadilla’ para Miguel Antonio Carrera Barrera, un hombre que ha dedicado toda su vida a la ganadería y que trabaja enviando semovientes a diferentes regiones del país.
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Crédito: Suministrada para El Nuevo Día.El propietario de los semovientes inició acciones jurídicas, pues estima que su pérdida supera los $130 millones.

Según narró el productor, desde hace varios años trabaja con un empresario que accede a contrataciones del Estado para la venta de semovientes de producción, en esta oportunidad el envío estaba programado para ser llevado a una comunidad indígena del norte del país, con el fin de hacer un repoblamiento bovino.

“El ganado lo despaché de la finca del Guamo, saque los papeles en el ICA del Guamo, se sacaron (animales) el miércoles (9 de marzo) y se cargaron el jueves a las 3 a.m. Por orden público sobre Fundación, Magdalena, salió la guerrilla el jueves en la tarde y el viernes, los camiones todavía estaban en el plantón”.

Según la normatividad vigente, las guías de movilidad de ganado solo tienen una vigencia de tres días, por lo que a mitad de camino, se tuvieron que sacar nuevamente los permisos en el Guamo y se enviaron vía digital a quienes transportaban los animales.

Sin embargo, “llega la Policía, ve los carros con placas del Guamo, piden los papeles y los choferes muestran las licencias virtuales, pero el funcionario (del ICA) que estaba acompañando a la autoridad, dijo que no era aceptable para Valledupar, que debían ser en físico”.

Los transportadores intentaron explicar que los permisos que se tenían en físico estaban vencidos, pero según el relato, para el funcionario se trataba de un caso de documentos adulterados.

A pesar de que el propietario envió documentación y soporte para demostrar que el envío era legal, la respuesta fue que no se iba a devolver los animales.

“El ganado duró 9 días en el matadero de Valledupar en Colanta, no lo podía sacrificar porque nosotros le enviamos apelaciones”, agregó don Miguel.

Y cuando se pensaba que el problema no podía ser mayor, ayer en la mañana le informaron al ganadero que las terneras mestizas tipo leche y los dos toretes habrían sido sacrificados el domingo en la noche, “que supuestamente en este momento están en un cuarto frío en el matadero de Colanta”.

El afectado llamó la atención que lo paradójico del caso es que una entidad del Estado estropeó una inversión que hizo el Gobierno nacional para beneficiar comunidades vulnerables. Teniendo en cuenta el perjuicio económico, el hombre inició acciones legales.

 

Se piden explicaciones

Ante las irregularidades que rodean este hecho, se pronunció Adolfo García Lozano, presidente del Comité de Ganaderos del Guamo, quien indicó que don Miguel es integrante activo, también resaltó que el gremio mueve la economía en la población.

Asimismo, recordó que allí semanalmente se adelanta una Feria Ganadera que tiene reconocimiento nacional, motivo por el cual se despachan animales hacia otros departamentos, con la certificación del ICA como ocurrió con las terneras y toretes, es decir, que se “cumple con todos los requisitos establecidos para la movilización de ganado. Nosotros en Guamo estamos certificados dentro del departamento con el 98% de vacunación, uno de los más altos del Tolima”.

Por su parte, Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, indicó que esta es una situación muy compleja e injusta, pues el ganadero hizo un gran esfuerzo para cumplir con el contrato que tenía como fin una comunidad wayúu, que terminaron viéndose afectados “por esta disposición que hace el gerente regional de Valledupar del ICA y pues que tuvo como consecuencia triste, el sacrificio de estos animales”.

Mencionó que desde el Comité se consultó el caso con la central de la entidad y allí desconocían el caso, “esperemos a que el ICA tenga una respuesta diferente a la que el gerente regional de Valledupar ha mostrado”.

Igualmente, Ómar Valdés, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima indicó que se pedirá una investigación en el caso para que se determine las razones del decomiso de los semovientes, de la misma manera, “por qué no se verificaron las guías de movilización si habían sido expedidas por una oficina del ICA certificada y avalada por el ICA del Tolima”, precisó.

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