La entidad especializada líder en la venta de activos provenientes de procedimientos judiciales Asemar ha anunciado la apertura del proceso mixto (M&A más subasta extrajudicial) de enajenación de las cuatro unidades productivas del grupo de alimentación canario José Sánchez Peñate S.A (JSP) valoradas en 68 millones de euros con el asesoramiento legal de EY.
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Los activos del grupo JSP que saldrán a subasta en el mes de junio, a través de la web propiedad de Asemar, se encuentran ubicados en las islas Canarias, así como en Madrid, según ha informado la empresa de ventas de activos en nota de prensa.

El grupo José Sánchez Peñate (JSP) es una empresa industrial fundada en 1964 en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) dedicado a la fabricación, importación, exportación, envasado y distribución de productos alimentarios tanto a nivel nacional como internacional.

El grupo, compuesto por las compañías JSP, S.A. y Celgán S.L. tras la integración de 2018, firmó un Acuerdo Marco de Reestructuración con las entidades financieras en ese mismo año, sin embargo la “insuficiencia” en las medidas de reestructuración implementadas provocó que, en julio de 2021, JSP solicitara voluntariamente el concurso de acreedores seguidos ante el Juzgado de los Mercantil Nº 2 de Las Palmas.

Asimismo el grupo es dueño de marcas como Millac, Celgán, JSP, Café Orix o The Cake Factory y está considerado como uno de los principales actores del sector agroalimentario en el archipiélago, alcanzando desde su fundación más de 300 referencias vendidas, de las que destacan los productos lácteos, que en los últimos años representaron cerca del 60 por ciento de las ventas, correspondiendo un 6 por ciento al negocio de café y un 12 por ciento a los productos de panadería.

Respecto a sus principales clientes destacan distribuidores locales y nacionales como el Grupo DinoSol, Alcampo, Mercadona, el Grupo Jesuman o Cencosu.

Así las cuatro unidades productivas que el grupo industrial de alimentación JSP ha sacado a la venta son: la planta de producción de lácteos ubicada en Güímar (Tenerife); la unidad de yogures y postres, con inmuebles en Los Baldíos (Tenerife) y Getafe (Madrid); la unidad productiva de panadería en El Tablero (Las Palmas de Gran Canaria) y el tostadero de café situado en Los Majuelos (Santa Cruz de Tenerife). A ellas se suman parcelas, oficinas, maquinaria y cuatro almacenes de distribución localizadas en distintos puntos de Canarias.

En cuanto al centro de producción de leche y derivados lácteos localizado en Güímar alberga más de 15.000 metros cuadrados repartidos en un almacén y una nave industrial de producción; mientras que la planta de Los Baldíos es un complejo conformado por dos naves industriales y un edificio con una superficie útil total de 6.430 metros cuadrados.

Por su parte, la panificadora de El Tablero es una edificación de dos plantas que consta de planta de almacenaje y oficinas, con un total de 3.155 metros cuadrados. Además, el tostadero de café de Los Majuelos consta de una edificación para almacén y fábrica junto a un edificio con tres plantas de oficinas, sumando 25.965 metros cuadrados en total.

El director de Asemar, Rafael Tarazaga, ha apuntado que “no se trata de un proceso de subasta de un activo convencional”, ya que se trata de unidades productivas de una compañía “estratégica para los intereses de las islas”.

Agrega que en este caso la entidad especializada incorporará un primer proceso en el que se implementarán técnicas tradicionales de M&A que permitan la evaluación y selección de los “mejores candidatos para participar en una fase final de subasta extrajudicial” y de ahí se logrará una “adecuada ponderación” de los interesados que reúnan una serie de requisitos, tales como acreditar su solvencia financiera y tener conocimiento previo del sector para dar una nueva vida a los activos, al negocio y a las propias plantillas que integran la compañía.

Así, matiza, que una de las novedades es que se están analizando en el Proyecto de Ley de reforma del TRLC el que se establezca el deber del adquiriente de continuar o reiniciar la actividad con las unidades productivas por un mínimo de tres años, de ahí esa seguridad de reunir y acreditar la suficiente solvencia financiera y conocimiento del sector.

De este modo, en una primera fase Asemar abre un proceso concurrencial abierto, público y transparente de captación de ofertas, que incluye la divulgación y promoción del proceso de venta, además de la búsqueda de potenciales compradores y la selección de finalistas junto con la Administración Concursal.

Posteriormente, los autores de las ofertas finales seleccionadas concurrirán a una subasta extrajudicial, que se celebrará cuando lo convoque Asemar y su duración mínima será de 5 horas, siendo su última fase la formalización de la operación mediante otorgamiento de la escritura pública de compraventa, previa notificación de la resolución judicial que apruebe la adjudicación.

Este procedimiento de venta de las unidades productivas, cuya puesta en marcha ya ha sido autorizado por el juez del concurso supone un movimiento de “gran trascendencia” para el ecosistema agroalimentario de las islas, un sector “clave” para la economía de esta comunidad compuesto por más de 1.000 empresas y una facturación de 1.500 millones de euros en 2020.

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