El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, denuncia una bajada "significativa" de lo que se paga en origen en el campo gallego a los productores durante el estado de alarma, frente a la subida de precios que afronta el consumidor.
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En rueda de prensa telemática, García ha señalado que esta problemática acarrea pérdidas millonarias para el conjunto de explotaciones gallegas, al tiempo que lamenta que el sector agrario sea el “gran olvidado” en apoyos por parte de las administraciones, a pesar de su trabajo esencial ante el impacto del coronavirus.
Así, denuncia que todavía no se han abonado la “inmensa mayoría” de los planes de mejora e incorporación de jóvenes correspondientes a la Política Agrícola Común (PAC) de 2019. También señala que el “estancamiento” legislativo provoca que hayan quedado paralizadas medidas para mejorar la movilidad de tierras y garantizar los costes de producción.
También censura que las ayudas de la Xunta por daños de fauna salvaje para este año serán de poco más de dos millones, cuando se prevén pérdidas por unos 18 millones, por lo que cifra en un 88% la cantidad de perjuicios que no se restituirán.
De tal forma, Unións Agrarias reclama “corregir” esa “descompensación” entre lo que se lleva el intermediario y lo que recibe el agricultor. Requiere que se reparta de forma “transparente y justa” el precio que pagan consumidores, pues actualmente no se cubren “ni costes” de producción.
PROBLEMÁTICAS POR SECTORES
En su intervención, el líder de Unións Agrarias ha hecho un balance por sectores. En el lácteo señala diferentes circunstancias que llevan el precio a la baja. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, las explotaciones gallegas cobran “860 euros menos” al mes, lo que coloca a las granjas “en una situación difícil” de competitividad con el resto del Estado.
El litro de leche que se abona a productores gallegos está un céntimo y medio por debajo de lo que se paga en España -dos céntimos y medio menos que en la UE-. De tal forma, alerta de que las más de 7.000 explotaciones lácteas recibirán unos 4 millones de euros menos al mes que el resto de granjas españolas.
Aquí, denuncia el ‘dumping’ que supone la entrada de leche de otros países de la UE para venta a pérdidas, sin tener constancia de “ningún tipo de actuación de la Consellería de Medio Rural ni del Ministerio de Agricultura.
Esto se une a que compañías pretenden “imponer” precios en los últimos días que “incumplen toda la normativa vigente”. De hecho, ha apuntado a que una compañía ha llegado a ofrecer 23 céntimos por litros, sin cubrir costes de producción, si bien Unións Agrarias ha mediado para que se suba ese precio.
Por otra parte, las pérdidas en las 9.800 explotaciones de carne son de 2,9 millones al mes, lo que supone que cada una ingresa 296 euros menos por la caída de precios de becerros y vacas.
En ovino y caprino, cifra en unos 700.000 euros las pérdidas mensuales, mientras que tilda de “casi un insulto” las ayudas que propone el Ministerio, que “no cubren ni el coste de tramitación”. Además, las granjas avícolas prevén caídas de ingresos de 3,5 millones de euros en 2020.
En lo tocante al sector vitivinícola, remarca que la caída de ventas de las restauración afecta a alrededor del 50% de la producción, lo que se suma a la crisis del Brexit y los aranceles de Estados Unidos. Por ello, a tres meses de la vendimia no solo no está garantizado cubrir costes de producción, sino tampoco la propia recogida de uvas.
Respecto a la patata, Unións Agrarias detecta que en la zona productora de A Limia se hacen ofertas por cinco o seis céntimos, cuando los costes de producción están entre 10 y 12 céntimos, aprovechando la situación de que hay más de tres millones de toneladas de tubérculos pendientes de dar salida.
SIN SERVICIOS EN EL RURAL
Todo ello, mientras los habitantes del rural gallego sufren el “agravio comparativo” respecto a los servicios que gozan residentes en zonas urbanas, en una problemática que se acentúa con el estado de alarma.
Aquí, Roberto García se queja de la falta de servicios públicos en el rural, con el “desmantelamiento” de la asistencia técnica a ganaderos y agricultores, unido a la brecha digital.
De tal forma, urge a que “son necesarias soluciones ya”, mientras insiste en su petición de reprogramar 550 millones de euros de fondos europeos no gastados.

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